En lo que va del año Ministerio de Salud aumentó su presupuesto en $ 30.000 millones, y la totalidad de este dinero fue destinado, según consta en los datos del presupuesto abierto, al ítem “correos y telégrafos”, que pasó de $ 126 millones a $ 30.126 millones en el primer trimestre. El incremento, que representa una suba del 23.800% del dinero consignado para este año, se empleará mayormente –y según indicaron a PERFIL fuentes oficiales– al envío de cartas documento para intimar a titulares de las pensiones por discapacidad o invalidez laboral para que presenten sus papeles en medio de las auditorías que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Para el resto de las partidas no hubo incrementos e incluso, a nivel de inversión en personal, el monto asignado para 2025 bajó en $ 1.000 millones con respecto a 2024.
El número que se destinará al pago de servicios de correo resulta significativo si se lo compara con otros años. Para poner un ejemplo, durante 2023 se gastaron en total $ 39 millones en servicios de correo y telégrafos, mientras en 2024 fueron $ 100 millones los devengados. En lo que va de 2025 ya ejecutaron $ 66 millones de los $ 126 millones iniciales, a los que se les sumaron otros $ 30 mil millones.
Auditorías. Ante la consulta de PERFIL, desde el organismo que dirige Mario Lugones informaron que esto se debe a “todas las cartas documento que se mandaron y se mandarán para auditar las pensiones no contributivas de Andis, porque se hacen desde el ministerio” y que son tres las empresas adjudicadas que resultaron de la licitación: Correo Argentino, Andreani y Urbano Express. También aclararon que son 1 millón. La licitación que se inició a fines de 2024, sin embargo, se hizo por hasta 2.040.534 cartas, el doble que Andis tiene previsto enviar para auditar las pensiones, que cobran 1,2 millón de personas.
Además, la Agencia de Discapacidad, si bien depende del Ministerio, aparece como un organismo independiente en términos presupuestarios. El dinero destinado al servicio de correos pasó este año de los $ 8.835 millones a los $ 10.111 millones, lo que implica un incremento de $ 1.276 millones (14,4% de aumento) y de $ 9.283 millones respecto al inicio de 2024. Ese año el presupuesto para este servicio era de $ 828 millones. En total, si se suma el monto para servicios de correo de Andis y el Ministerio de Salud por separado, el presupuesto de 2025 asciende a los $ 40.237 millones.
PERFIL consultó a fuentes de la Agencia Nacional de Discapacidad sobre la cantidad de cartas documento enviadas hasta la fecha y las que tiene previsto enviar, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvo respuesta.
Según la página web del Correo Argentino el costo para el envío de una carta documento es de $ 17.800, con lo que para completar el millón de cartas se necesitarían $ 17.800 millones y no $ 40.237 millones, que es el presupuesto vigente. Las auditorías comenzaron en 2024 y, según un comunicado de Andis, no se realizarán a la totalidad de los beneficiarios. “Se citará a todas las personas que tengan una Pensión NO contributiva por Invalidez Laboral otorgada en el marco de la ley 13478 y el Decreto 432/97 y sus modificatorias y complementarias. No incluye a menores y personas ya auditadas en 2024”, explicaron. Las pensiones por discapacidad o invalidez laboral representan el 70% de una jubilación mínima. Con el bono de $ 70 mil incluido, ascienden, en abril, a los $ 270.074.
El objetivo, agregaron, “es constatar que se mantienen los requisitos y que este beneficio llegue solamente a quienes realmente lo necesitan”. El Gobierno denunció irregularidades en la entrega e inició el proceso el año pasado. Este año, quienes reciban una citación deberán concurrir con la documentación requerida y en la fecha prevista para acreditar que tienen un 66% de disminución de la capacidad laboral, un requisito que se endureció en el último año y que, según organismos que trabajan en el tema, representa una involución en materia de derechos reconocidos para esta población: el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ya había intimado a la Argentina en 2023. Además, y de acuerdo con un informe de la ONG Por Igual Más, el 86% de las personas con discapacidad están desempleadas, y del 14% restante el 39,3% trabaja en condiciones de informalidad. Las causas, en gran parte de los casos, no están relacionadas con una disminución de la capacidad física en un 66%, sino también por falta de condiciones de accesibilidad y discriminación.
El Ministerio de Salud es el organismo del Estado que más dinero disponible tiene para cubrir gastos de correo: el 43% del total. El servicio fue desregulado por el Ministerio que dirige Federico Sturzenegger en noviembre de 2024, aunque en la licitación mencionada uno de los requisitos consistía en contar con dos años de antigüedad en el rubro. En ese momento, el titular de la cartera afirmó en su cuenta de X que “el correo ya no tiene valor estratégico, por lo que desde ahora permitiremos que cualquiera pueda participar del negocio” y que “cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo”. A partir de la resolución 1005/24, agregó también, “se permite la plena digitalización de telegramas y documentos certificados”.