Como parte del proceso de reestructuración del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel sigue generando polémica porque en las últimas horas formalizó la designación como subdirector de un sector clave de un controvertido ex militar de un área de Inteligencia que fue acusado de ordenar la destrucción de dos libros de la guardia del Hospital Militar de Salta, en el que se habían registrado nacimientos durante la última dictadura militar y los primeros años de la democracia.
El reciente nombramiento de Juan Manuel Gestoso Presas como subdirector general de Auditoría y Control de Gestión del Senado por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel no solo genera controversia, sino que también constituye un abierto desafío a los principios de memoria, verdad y justicia. Gestoso Presas, ex militar de Inteligencia, arrastra un pasado oscuro vinculado a intentos de encubrir delitos de lesa humanidad, específicamente la destrucción de registros históricos del Hospital Militar de Salta. Aunque sobreseído por prescripción, los hechos no pueden ser ignorados ni minimizados.
En un país marcado por la dictadura, este tipo de decisiones son inaceptables. No solo se trata de la impunidad que siguen gozando la mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. También, particularmente, por los niños y niñas apropiados por represores durante la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983) de los que Gestoso Presas sería uno de los encubridores. Según la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, asciende a aproximadamente 510, de los que solo se logró, hasta diciembre de 2024, restituir la identidad de 139 de ellos . Esto significa que aún hay más de 300 personas que podrían estar viviendo sin conocer su verdadera identidad.
Este movimiento es parte de una serie de designaciones impulsadas por Villarruel, que incluye la incorporación de otros ex militares y figuras vinculadas al aparato represivo e inteligencia. La lista es larga: Jorge Vives, coronel retirado de Inteligencia es asesor de Villarruel en temas de defensa y seguridad. Fue director de investigaciones de la Aduana en el gobierno de Mauricio Macri y quedó involucrado en la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio; Carlos Becker Fioretti, teniente coronel retirado al frente de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Defensa; Marcelo Rozas Garay, coronel retirado, nombrado en la Subsecretaría de Planeamiento y Coordinación Ejecutiva en Emergencias del Ministerio de Defensa; Claudio Gallardo, exjefe de la Agrupación de Inteligencia de Campo de Mayo y Director General de Inteligencia del Ejército en 2016, actualmente, se desempeña como asesor de Villarruel en el Senado; Jorge Domínguez («El Potro»), exdirector de inteligencia de la Gendarmería Nacional durante el macrismo, fue acusado de espionaje ilegal en causas como la de Santiago Maldonado y en el intento de golpe en Bolivia, actualmente, trabaja como asesor de la vicepresidenta en el Senado. En relación a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Villarruel ha propuesto la incorporación de varios exmilitares retirados en áreas clave, como Producción, Planificación y Doctrina; Secretaría de Contrainteligencia; y la Escuela Nacional de Inteligencia. Estas designaciones incluyen a un subteniente retirado para el cargo de número dos de la AFI y a cuatro coroneles y un almirante retirados para distintas áreas.
Es conocido los intentos de Milei y Villarruel de avanzar en el indulto de los genocidas que permanecen presos. Las visitas de autoridades del gobierno se han repetido, estallando en el escándalo el 11 de julio del año pasado, cuando seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) visitaron a represores condenados en el penal de Ezeiza, incluyendo a Alfredo Astiz, conocido como «el Ángel de la Muerte». La visita se realizó en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, con la autorización del presidente de ese cuerpo, Martín Menem, y el visto bueno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Estas acciones generaron fuertes denuncias de parte de organismos de derechos humanos y muchísimas agrupaciones, organismos, partidos además de personalidades de la cultura que se reivindican democráticos y de izquierda. El intento de negacionismo que buscan instalar Milei y Villarruel se encontrará con una férrea oposición masiva como cada 24 de marzo. A poco de cumplir 50 años del inicio de la dictadura sigue concitando movilizaciones multitudinarias en todo el país por memoria, verdad y justicia, ratificando una y otra vez: fue genocidio y fueron 30.000 desaparecidos. Myriam Bregman, dirigente del PTS y del CEPRODH (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) fue una de las primeras voces que se alzó contra el negacionismo de Milei, cuando en el debate de candidatos a presidente de 2023, televisado para todo el país, y en su cara, cerró su exposición con lo que es un lema popular: son 30.000 y fue un genocidio.