La impunidad se resquebraja y la violencia kirchnerista responde con furia: encapuchados, identificados como militantes de La Cámpora, atacaron las instalaciones del canal TN tras la confirmación de la condena contraCristina Fernández de Kirchnerpor corrupción. En plena capital y a plena luz del día, quedó expuesta la intolerancia del aparato kirchnerista frente al accionar independiente de la Justicia.
Horas después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner por fraude a la administración pública en la causa Vialidad, un grupo de encapuchados —identificados por testigos y periodistas como integrantes de La Cámpora— ingresó de forma violenta a los estudios del canal de noticias TN, en el barrio porteño de Constitución.
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El episodio, que quedó registrado por cámaras de seguridad internas y externas, ocurrió el martes 10 de junio. Los atacantes rompieron puertas, ventanales, televisores, trofeos (incluidos premios Martín Fierro) y hasta bicicletas pertenecientes a trabajadores del canal.
Durante la transmisión en vivo, el periodista Jonatan Viale —quien se encontraba al aire— denunció los hechos con crudeza: “Hicieron un desastre, tiraron todo, se metieron adentro del canal, por donde entramos. Estuvieron 50 metros adentro. Rompieron las bicicletas de los laburantes, los Martín Fierro, los trofeos. ¿Con qué necesidad? ¿Qué tiene que ver un productor o un camarógrafo?”, cuestionó visiblemente afectado.
El canal publicó imágenes del mobiliario destrozado, mientras se multiplicaban las muestras de repudio desde diversos sectores políticos y periodísticos. El vocero presidencial y futuro legislador porteño, Manuel Adorni, expresó desde su cuenta de X su solidaridad con los damnificados del violento ataque.
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También se pronunció ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas): “Repudiamos enfáticamente el accionar de los manifestantes que ingresaron a las instalaciones del canal TN para provocar destrozos. Se impone una urgente investigación y sanción a los responsables. Y requerimos reforzar la protección y seguridad de los medios de comunicación y periodistas”.
Mientras tanto, a pocas cuadras del canal, la ex presidenta Cristina Kirchner permanecía en su domicilio de Constitución, donde se había trasladado luego de recibir en la sede del PJ el fallo firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes rechazaron los recursos presentados por su defensa.
Fuentes cercanas confirmaron una reunión reservada con dirigentes de máxima confianza en el interior del domicilio, en lo que algunos ya califican como una “cumbre de resistencia”. Incluso hay versiones que apuntan a una posible prisión domiciliaria para la ex mandataria en ese lugar.
Desde el kirchnerismo, las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof, alineado con el relato de la “persecución”, denunció una “infamia consagrada”: “Esta condena representa un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Atacaron a quien se atrevió a transformar la Argentina en favor de las mayorías”.
Kicillof además cargó contra los presidentes Mauricio Macri y Javier Milei, a quienes acusó de despreciar la democracia.
El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, por su parte, repitió su habitual defensa desligando a la ex mandataria de cualquier tipo de delito: “No existe ningún acto típico, antijurídico ni culpable atribuido a Cristina Fernández de Kirchner”, sostuvo, y consideró el fallo de la Corte como uno de los más graves desde 1983.
El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo también se sumó al respaldo, al tiempo que convocó a la unidad del movimiento nacional y popular.
Pero mientras desde el kirchnerismo intentan victimizar a la ex presidenta, la imagen que quedó marcada en la retina pública es la del ataque impune y violento a un medio de comunicación, ejecutado por militantes que —en lugar de aceptar el fallo de un poder independiente como el Judicial— decidieron actuar como fuerza de choque para defender a una condenada por corrupción.