En el marco de su política de ajuste y modernización, el Gobierno Nacional anunció una nueva batería de decretos destinados a profundizar la desburocratización del Estado.
Las medidas apuntan a reducir el gasto público, agilizar trámites innecesarios y eliminar estructuras que, según el Ejecutivo, entorpecen el desarrollo económico y la libertad de los ciudadanos.
Integración de organismos descentralizados
Entre las reformas más relevantes, se destaca la integración del Instituto Nacional del Agua (INA) y el Instituto de Prevención Sísmica (INPRES) a la administración central. Ambas entidades operaban como organismos descentralizados, con autonomía presupuestaria y funcional.
Con su disolución como entes separados, se busca evitar “funciones duplicadas y burocracia innecesaria”, según explicaron fuentes oficiales.
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Cambios en importaciones científicas y registros absurdos
El Gobierno también anunció la modificación del Régimen de Importaciones Científico-Tecnológicas, que dejará de estar bajo el control estricto de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. “Es ilógico que un investigador argentino tenga que pedirle permiso a un burócrata para traer al país una pipeta o un microscopio”, argumentaron desde el Ejecutivo.
Asimismo, se eliminó el Registro Nacional de Viveros, vigente desde hace 58 años, que obligaba a todo establecimiento que vendiera plantas a inscribirse ante el Estado.
Fin a programas ganaderos ineficientes
Otro eje de las reformas fue la eliminación de regímenes de promoción ganadera por especie, que, según los datos oficiales, generaban costos administrativos elevados sin impacto significativo. Entre los programas eliminados se encontraban el de Promoción del Gusano de Seda, el de Producción de Búfalos de Agua y el de Ganadería Ovina y de Llamas.
Como ejemplo de ineficiencia, se mencionó que el programa ovino alcanzó a solo 261 productores sobre un total estimado de 130.000 durante 2023.
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Cambios en normativa de armas y digitalización del Estado
También se modificará la ley de Armas y Explosivos, para que los miembros activos de fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y penitenciarios no deban renovar cada cinco años su credencial de legítimo usuario y portación, mientras continúen en funciones.
Por otra parte, se impulsará la digitalización de licitaciones y remates públicos mediante las plataformas CONTRAT.AR y SUBAST.A, con el objetivo de garantizar mayor transparencia.
Disolución de fondos fiduciarios sin control
En línea con la revisión de fondos fiduciarios públicos, el Ministerio de Economía disolvió el fideicomiso individual PPP Red de Autopistas y Rutas Seguras, así como el Fondo Fiduciario de Gas Licuado de Petróleo. Tras una auditoría interna, se concluyó que no cumplían con sus objetivos ni ofrecían mecanismos adecuados de transparencia y control.