La nueva Ley de Inteligencia redefinió la vigilancia en Ecuador

La entrada en vigor de la nueva Ley de Inteligencia transformó la estructura de vigilancia estatal en Ecuador. El Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), dirigido por Michele Sensi-Contugi, asumió nuevas atribuciones con apoyo legal ampliado. Este organismo se posiciona como el ente rector de las operaciones de inteligencia del país, estableciendo canales formales de coordinación entre distintas instituciones del Estado.

El CIES coordina siete subsistemas de inteligencia, desde el militar hasta el tributario, y tiene la facultad de ejecutar operaciones estratégicas y tácticas. Además, puede emitir directrices vinculantes para las entidades públicas involucradas en actividades de recolección y análisis de información, fortaleciendo así una estructura centralizada de mando.

Uno de los puntos más polémicos es el acceso a información de ciudadanos sin orden judicial. La ley permite solicitar datos a empresas telefónicas y personas naturales o jurídicas, incluyendo geolocalización, conexiones digitales y registros técnicos. Este acceso puede realizarse incluso de manera preventiva, lo que ha generado preocupación entre sectores defensores de los derechos digitales.

También se autorizó el uso de técnicas encubiertas como la creación de identidades falsas y la mimetización social. Estas prácticas abarcan la infiltración en redes sociales y la participación activa en comunidades virtuales para obtener información. Estas facultades, según expertos, podrían poner en riesgo la privacidad y los derechos civiles si no se aplican con controles claros y mecanismos de rendición de cuentas.

La norma prohíbe expresamente obtener información por razones de etnia, religión, política u orientación sexual. Tampoco se podrá usar a menores en operaciones de inteligencia o contrainteligencia. Cualquier violación a estas restricciones se considerará una infracción grave, sujeta a sanciones administrativas y penales.

Las nuevas disposiciones han reavivado el debate sobre los límites entre seguridad y derechos fundamentales. Organizaciones civiles han pedido mayor transparencia y fiscalización para evitar abusos en el uso de estas facultades. También han solicitado que se cree un ente autónomo encargado de supervisar las actividades de inteligencia desde una perspectiva de derechos humanos.

La Ley de Inteligencia representa un cambio estructural en la gestión de la seguridad estatal.Su aplicación demandará vigilancia ciudadana para evitar que los mecanismos de control se conviertan en instrumentos de abuso. Este escenario plantea un reto democrático en cuanto al equilibrio entre la seguridad nacional y la preservación de libertades individuales.