Este lunes 4 de agosto, en el marco del debate por la Reforma Constitucional de la provincia de Santa Fe que se lleva adelante en la Legislatura en la capital santafesina, los siete Sindicatos de Luz y Fuerza de la provincia —junto a representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF)— participaron de una jornada histórica, llevando una voz firme y unificada: la energía debe ser reconocida como un derecho humano fundamental en la nueva Carta Magna provincial. Desde el auditorio legislativo, las intervenciones fueron claras, contundentes y cargadas de contenido político y social. Entre los oradores se destacaron el secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Alberto Botto, y el subsecretario General de la FATLyF, Alfredo Romero.
“La joya de la abuela no se vende”, fue una de las frases que más resonó en las exposiciones. Las y los dirigentes hicieron hincapié en que el servicio eléctrico debe ser garantizado por el Estado a través de la Empresa Provincial de la Energía y el sector cooperativo, rechazando toda forma de privatización, tercerización o concesión.
«Sin energía no hay dignidad”
En su intervención, Alberto Botto expresó: “No estamos hablando sólo de tendidos eléctricos o postes, estamos hablando de derechos esenciales para la vida. Salud, educación, conectividad, inclusión: nada de eso es posible sin energía. Por eso reclamamos que este servicio sea reconocido en la Constitución como lo que es: un derecho humano fundamental”. Por su parte, Alfredo Romero, desde la Federación, remarcó: “No hay justicia social sin energía para todas y todos. El Estado debe estar presente. Las herramientas ya existen: la Empresa Provincial de la Energía y el sector cooperativo. Solo falta la decisión política de blindar esos instrumentos dentro del nuevo texto constitucional”.
Unidad provincial, una sola voz
Los siete sindicatos lucifuercistas santafesinos demostraron una vez más su compromiso con el presente y el futuro de la provincia. El mensaje fue uno solo: la energía no es una mercancía, es un derecho. Y los trabajadores organizados vamos a defenderlo. Con unidad, organización y compromiso, seguimos construyendo una provincia más justa, con servicios públicos al servicio del pueblo y no del mercado.