La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó la primera misión contra la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), la más grande de Sudamérica, que será llevada a cabo por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
La funcionaria confirmó en la sede del Ministerio, en el barrio porteño de Recoleta, que tras la captura en Caballito de Os Manos, líder de la banda criminal, se dará inicio a una investigación para desarticular al PCC en el país.
El Primeiro Comando da Capital fue fundado en 1993, opera en Brasil, Paraguay, Bolivia, Colombia y Uruguay, y está encabezada por el narcotraficante Marcos Willians Herbas Camacho, alias Marcola, detenido desde 1999. Incluso desde prisión, Marcola continúa liderando la facción, desde donde dirigió distintos ilícitos. Una investigación reveló que a través de negocios privados facturas 20 millones de reales mensuales.
“La primera investigación fundamental que le vamos a dar al DFI es sobre el PCC en la Argentina”, destacó en conferencia de prensa la ministra Bullrich. El comisario general y jefe del DFI, Pascual Bellizi, puntualizó que «el equipo trabaja en la identificación de estas personas y el desbaratamiento de esta organización”.
Bellizi también remarcó que tienen como objetivo “evitar a toda costa que se instalen en nuestro país”, porque este tipo de organizaciones “son muy violentas, que traen aparejados en los lugares que trabajan crímenes y otros tipos de delitos”.
«Llegar al hueso»
La DFI, perteneciente a la Policía Federal Argentina, fue creada a mediados de junio de este año y tiene como función principal “concentrar todos los esfuerzos de la PFA en una tarea fundamental, que es llegar al hueso de cada una de las organizaciones que intentan tener poder y dinero, en este país”.
En la presentación Bullrich sostuvo que este Departamento tendrá la misión de “impedir que narcotraficantes o delincuentes caminen libremente por las calles o entren al país como si nada”.
El anuncio fue formalizado a través del decreto 383/2025, publicado en el Boletín Oficial, y plantea una reestructuración integral que incluye mayor capacidad tecnológica, formación específica, articulación con el Poder Judicial y la posibilidad de operar en áreas sensibles como redes sociales y espacios digitales.