La batalla legal de Cristina Fernández de Kirchner por la ejecución de sus bienes se traslada a la Cámara Federal de Casación. Se espera que la próxima semana, la máxima instancia penal, tras tomar intervención de la apelación rechazada por el Tribunal Oral Número 2 que forma parte de su condena en la causa “Vialidad”, convoque a una audiencia de la que posteriormente definirá a quién le da la razón.
La exvicepresidenta sumó una nueva derrota luego de que el TOF 2 desestimara su demanda para que se revoque la intimidación del pago de los $ 684.990.350.139,86 que junto con los otros ocho condenados están obligados a abonar de forma colaborativa.
La suma, que al dólar oficial ronda los 537 millones de dólares, corresponde a la defraudación que todos le generaron al Estado. El tribunal fundó su rechazo “in limine” al señalar que el monto original ($ 84.835.227.378,04) ya había sido revisado y convalidado por la Cámara de Casación en 2024 y que el Índice de Precios al Consumidor, variable de cálculo para actualización empleada por los peritos de la Corte Suprema, mantiene coherencia con la sentencia.
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En ese sentido, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso indicaron que los informes de los peritos de Cristina no siguieron las pautas fijadas, al tiempo que aclararon que los antecedentes citados por sus abogados no son comparables y que no hubo trato desigual.
Cristina defendió la legitimidad de su patrimonio y el de la familia Kirchner. Por un lado, argumentaba “la ausencia de sentencia judicial firme en torno al monto definitivo y actualizado del decomiso” y, por el otro, buscaba que el fuero Civil y Comercial, donde también tiene otro frente judicial abierto, quedara a cargo del destino de sus bienes.
Allí radica una demanda en su contra iniciada por Javier Iguacel por el perjuicio que generaron al Estado argentino las obras que fueron adjudicadas y pagadas a Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, que no se hicieron.
La exmandataria objetó los 22.300 millones de pesos que el Gobierno exige como resarcimiento y aludió a un “eternizando un juicio y una persecución judicial”, por lo que a través de una queja exigió la nulidad de la causa que estuvo inactiva incluso durante la gestión de Alberto Fernández, asunto que fue rechazado por la cámara del fuero y, por ende, habilitó a la Dirección Nacional de Vialidad a actualizar dicho monto.
A partir del próximo lunes, la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinski, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, tomará intervención del recurso interpuesto por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes sostendrán la apelación. Posteriormente, el tribunal convocará a una audiencia donde los defensores podrán reeditar oralmente su reclamo.
Mientras tanto, la ejecución del patrimonio de Cristina no se detiene, pues el fallo del TOF 2 no tiene efecto suspensivo. Los magistrados Gorini, Basso y Giménez Uriburu analizan el listado de activos elevado por el fiscal Diego Luciani que incluye los de Lázaro Báez, quien es el que mayor cantidad de activos concentra.
El Tribunal Oral 4 comenzó a disponer de los bienes del empresario santacruceño en la causa “ruta del dinero” para cubrir los 85 millones de dólares producto de las maniobras de lavado y ahora se espera que haga lo propio con el monto de la multa, que es el séxtuple de esa cifra.