La reciente decisión del gobierno de Trinidad y Tobago de apoyar a Estados Unidos en caso de un conflicto con Venezuela por la región del Esequibo ha representado un cambio importantísimo en la seguridad y las alianzas del Caribe.
Ante el despliegue de destructores y buques anfibios de la Marina estadounidense cerca de la costa venezolana, en una operación dirigida a combatir los cárteles de la droga, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar manifestó su respaldo a Washington y declaró que su país permitiría el uso de su territorio si el régimen de Nicolás Maduro ataca a Guyana.
Este posicionamiento ocurre en medio de una escalada de tensiones entre Guyana y Venezuela por la región del Esequibo, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados rica en recursos naturales.
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El origen del conflicto se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces colonia británica de Guyana. Venezuela, sin embargo, nunca reconoció dicho laudo y sostiene su reclamo sobre la región.
La situación se agravó en diciembre de 2023 cuando el gobierno de Maduro realizó un referéndum con la intención de anexar el Esequibo, acción que generó alarma internacional ante el riesgo de una posible invasión.
Persad-Bissessar justificó su apoyo a Estados Unidos afirmando que el crimen transnacional y la violencia en el Caribe han alcanzado niveles sin precedentes, y que los pequeños estados insulares no tienen los recursos necesarios para enfrentar la amenaza de los cárteles.
En 2023, Trinidad y Tobago registró un récord de 625 homicidios, con una tasa de 45,7 por cada 100.000 habitantes, de los cuales casi la mitad estuvieron relacionados con pandillas.
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Otros países como Surinam, Barbados y las Islas Turcas y Caicos también duplicaron sus tasas de homicidios, lo que convierte a la región en una de las más violentas del mundo.
La primera ministra argumentó que los cárteles de la droga, tráfico de armas y trata de personas se han infiltrado en las estructuras políticas y económicas de la región, debilitando la capacidad de los gobiernos para enfrentar el crimen organizado.
En este contexto, Trinidad y Tobago ve con buenos ojos la intervención estadounidense como un apoyo necesario para garantizar la estabilidad y combatir estas redes delictivas. En el mismo sentido, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, propuso declarar a las pandillas como organizaciones terroristas, dada su creciente poder destructivo.
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Por su parte, Guyana también expresó su apoyo a la cooperación internacional en seguridad y se comprometió a trabajar con sus socios bilaterales para desmantelar redes criminales.
El presidente Irfaan Ali alertó sobre el potencial desestabilizador de la situación y destacó la importancia de alianzas sólidas para proteger la soberanía de su país. También señaló la relación entre el régimen de Maduro y el Cartel de los Soles, una organización criminal vinculada al narcotráfico y liderada por altos funcionarios del chavismo.
Ante este panorama, la cancillería venezolana respondió con dureza, acusando a Guyana de permitir la injerencia extranjera en sus asuntos internos, a cambio de beneficios energéticos por parte de una gran petrolera estadounidense. Caracas calificó las declaraciones guyanesas como provocaciones y denunció una campaña internacional para desacreditar a Venezuela.
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