La oposición contaría con mayoría para ambos proyectos. No se revierte un veto presidencial desde 2003.
La oposición en el Senado consensuó una nueva agenda que incomoda al Gobierno nacional y tratará este jueves desde las 11 horas dos proyectos que confrontan directamente con el Poder Ejecutivo: la reversión del veto a la emergencia en discapacidad y la reforma de la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales. Luego de que se rechacen los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, en abril de 2025, el oficialismo no consiguió ningún triunfo parlamentario en la Cámara alta.
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando dos antecedentes recientes: la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio y las abultadas aprobaciones en su última sesión (58 votos para el financiamiento universitario y 60 para la emergencia pediátrica). De repetirse la tendencia, sería el primer veto rechazado desde 2003, cuando el Congreso revirtió un veto parcial sobre aranceles azucareros emitido por Eduardo Duhalde, dato que se desprende de un informe de Hecha la Ley.
Al ser la reversión de un veto, Javier Milei no puedo volver a recurrir a esta herramienta. Según adelantó este medio, el oficialismo ya tiene definido que -de revertirse el veto- el escenario que prosigue será en terreno judicial, aunque en su estrategia radicaría la novedad: no sería el Gobierno que lleve a la Justicia la ley de emergencia a discapacidad, sino que omitiría ejecutarla en su plenitud y aguardaría a que sean los beneficiarios de las pensiones los que eleven su demanda. Aún no se conocen novedades de los aumentos a las prestaciones anunciadas por el portavoz presidencial el pasado 20 de agosto.
Continuaría así dilatando desembolsos y una respuesta financiera, una postura que les permitió llegar hasta septiembre sin actualización presupuestaria para el sector. Desde el peronismo, que impulsó el proyecto en Diputados, aseguraron que ya se anticiparon a esta posibilidad y ofrecieron asistencia jurídica en las colas que se formaron frente a la Agencia Nacional de Discapacidad en las últimas semanas, donde este miércoles hubo una movilización en reclamo al aumento de prestaciones. En ese sentido, ya se conoció una medida judicial desde la Gobernación de Salta por la suspensión de pagos.
Reforma de DNUs
Desde el PRO hasta el kirchnerismo, pasando por radicales y provincialistas, acordaron en un dictamen que reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.
Una propuesta similar ya había sido dictaminada en noviembre de 2024 en la Cámara de Diputados, pero nunca consiguió quorum para tratarse. Un sector opositor señalaba que el peronismo evitaba modificar una ley sancionada en el 2006, con la presidencia de Néstor Kirchner y con el protagonismo de Cristina Kirchner en el Senado. Sin embargo, Unión por la Patria respaldó la iniciativa en esta oportunidad y garantizaría la mayoría para una iniciativa que no tiene costo fiscal. ¿Será vetado de igual manera?
SFA – Ambito