Este martes 4 de noviembre a las 10, víctimas de la represión estatal ilegal, familiares y organizaciones de derechos humanos concentrarán en la puerta de losTribunales Federales de Rosario. El juicio investigó los crímenes cometidos en 1975 al sur de Santa Fe, como prueba piloto del terrorismo de Estado que se estaba por aplicar en todo el país
A dos años del inicio del juicio, en noviembre de 2023, este martes 4 de noviembre a las 10 de la mañana el Tribunal Oral Federal N°1 (TOF1) dictará sentencia en la causa conocida como El Villazo. El nombre formal de la causa es Pellegrini, por el apellido de uno de los acusados. También se conoce la causa como Acindar, por la centralidad que tuvo la empresa en esta historia.
La causa investiga los secuestros, torturas y asesinatos cometidos contra 75 hombres y mujeres en marzo de 1975 en la localidad de Villa Constitución, al sur de Santa Fe. Los organismos de derechos humanos de ambas ciudades convocan a la ciudadanía a acercarse el próximo martes a las puertas del Tribunal ubicado en Oroño 940.
Los crímenes investigados comenzaron a ocurrir en marzo de 1975, es decir un año antes del golpe militar que lideró Jorge Rafael Videla. Entonces ya operaba el grupo criminal conocido como Triple A, rama clandestina de la represión estatal que ya se empezaba a desplegar por todo el territorio.
Villa Constitución: jueces federales visitaron por primera vez el predio de Acindar donde se torturó a trabajadores en la última dictadura
Hay 22 imputados: dos son de Acindar (por eso el juicio también se conoce bajo este nombre), uno era el jefe de personal de la empresa: Roberto Pellegrini. Este es uno de los aspectos más relevantes de la causa: es la primera vez en la región que se investiga la participación de las empresas en el terrorismo de Estado.
Por eso también hay mucha expectativa por la sentencia, durante la etapa de alegatos la Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para los dos exdirectivos de la empresa Acindar de Villa Constitución. La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario también pidió penas de hasta 25 años de cárcel para policías federales y un integrante de la policía provincial.
Para organismos querellantes, Villa Constitución fue escenario en 1975 de un experimento represivo que sirvió como “prueba piloto” para el modelo de “disciplinamiento social” que se aplicó a nivel nacional tras el golpe de 1976.
La fiscalía señaló que, bajo la dirección del ingeniero Arturo Acevedo, Martínez de Hoz y del general Alcides López Aufranc, ACINDAR se benefició de ventajas estatales, como créditos preferenciales, exenciones fiscales, precios subsidiados de materia prima y la absorción de deudas por el Estado. A cambio, la empresa colaboró con el Estado, facilitando la represión de los trabajadores y el movimiento sindical.
El 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue “militarizada” por un operativo conjunto de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, policías provinciales de Santa Fe y Buenos Aires, grupos parapoliciales como la Triple A, la Juventud Sindical y personal de la Secretaría de Informaciones del Estado, todo bajo control operacional y con intervención del Ejército Argentino, por orden del Poder Ejecutivo Nacional. Se conoce al operativo Serpiente Roja del Paraná y se extendió en varias localidades del sur de Santa Fe y del norte de Buenos Aires.
Con una participación total de 4 mil efectivos y 105 vehículos, se llevó a cabo un procedimiento que derivó en la detención de unas 300 personas, incluyendo dirigentes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, miembros de la Comisión Interna de ACINDAR, activistas y trabajadores de otros gremios. Las personas detenidas fueron llevadas a centros clandestinos de detención, como el denominado “Albergue de Solteros”, dentro de la planta de ACINDAR, donde fueron sometidos a torturas.
La represión incluyó allanamientos, asesinatos, amenazas y la intervención del sindicato local.