El gobierno nacional declaró la emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, frente a los incendios forestales que ya afectaron a más de 45.000 hectáreas en la región patagónica y ante los riesgos para los habitantes e infraestructuras.
La normativa establece diversas medidas respecto a la manipulación del fuego e incorpora normas de prevención teniendo en cuenta el índice de peligro de incendios, el indicador que se actualiza diariamente utilizado para determinar qué actividades están permitidas y cuáles quedan totalmente prohibidas.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue quien confirmó la medida en sus redes sociales, luego de la reunión llevada a cabo por la mesa política en Casa Rosada. La iniciativa surge del reclamo de los gobernadores provinciales Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz), quienes elevaron formalmente la declaración de zona de desastre al Congreso.
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Emergencia Ígnea: objetivos, prohibiciones y cuánto dinero aporta
La Emergencia Ígnea es un régimen extraordinario utilizado en casos de riesgos elevados de incendios. El decreto se enmarca en el índice de peligro, que se mide diariamente con datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a las 12 del mediodía.
Existen prohibiciones que rigen de manera permanente, independientemente del valor del índice. No está permitido realizar fuego en espacios públicos como playas, senderos, veredas y sectores similares, ni efectuar quemas de ningún tipo, en ningún lugar.
En aquellos lugares habilitados, los gobiernos locales aclaran que no otorga habilitaciones formales otorgadas para encender fuego. Su función es realizar inspecciones y emitir recomendaciones técnicas en el marco del decreto vigente, orientadas a reducir riesgos y mejorar las condiciones de seguridad.
Con respecto a las denuncias, estas deben ser realizadas por medio de los canales oficiales, tales como el 103 de Protección Civil o el número particular de cada provincia.
Además, la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la entrega de $100.810.319.998,50 para las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con una asignación de $94.924.971,75 para cada organización. Por otro lado, las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones, recibirán $7.754.639.995,93. Este refuerzo económico está destinado a la compra de equipamiento, recursos operativos y elementos de protección personal.
Mediante esta normativa, la Agencia Federal de Emergencias (AFE) quedó a cargo de la coordinación operativa de los recursos humanos, técnicos y logísticos para la prevención, combate de incendios y atención de emergencias en las provincias afectadas.
En este marco, sus funciones son asistir a las familias damnificadas, proteger los bienes, la recomposición productiva, reforzar los sistemas de prevención ante nuevos focos y la restauración de zonas destruidas.