Se viene uno de los debates del año
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
Lunes, 09 de febrero de 2026
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El Gobierno envió al Congreso el proyecto para la implementación de un nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 13 años.
Salvo algunos bloques opositores, como Unión por la Patria y el FIT, el resto de las bancadas acordaron avanzar con una sesión para el jueves 12, a fin de darle media sanción al nuevo régimen penal juvenil.
Es probable que, en el debate, la cuestión de la edad pase de 13 a 14. De lo contrario, la iniciativa corre peligro de no juntar los votos para su aprobación.
Además, a diferencia del proyecto original, esta versión sí incluye el costo fiscal de la iniciativa: $ 23.739.155.303, que provendría del Ministerio de Justicia y de la Defensoría General de la Nación.
Desde los 13 años
Según informa el texto oficial, el régimen penal juvenil «será aplicable a personas desde los TRECE (13) años de edad hasta las CERO (0) horas del día en que cumplan DIECIOCHO (18) años de edad cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro».
La oposición dialoguista se había mostrado dispuesta a debatirlo, aunque exige que la edad mínima sea fijada en los 14 años de edad.
Los detalles del proyecto para bajar la edad de imputabilidad
En cuanto a las sanciones, la iniciativa introduce un abanico de penas y medidas alternativas a la prisión, tales como la prestación de servicios a la comunidad, la amonestación, la prohibición de conducir o de asistir a determinados lugares y el monitoreo electrónico.
Asimismo, fija una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves y un sistema escalonado donde la privación de la libertad quedaba reservada para casos de alta gravedad, con alojamiento en institutos especializados sin contacto con adultos.
La privación de libertad se contempla como una medida de último recurso, debiendo cumplirse en centros especializados y separados de los adultos, estableciéndose un plazo máximo de condena de veinte (20) años.
Si la pena es menor a tres años, se priorizan medidas que no interrumpan la educación o el trabajo del joven.
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