El Juzgado Federal de Victoria condenó a tres apicultores de Entre Ríos a casi cuatro años de prisión efectiva por haber iniciado quemas en el marco de los incendios en las islas que arrasaron con buena parte de la vegetación del Delta del Paraná en 2022.
La jueza Noemí Berros hizo lugar al pedido del fiscal José Ignacio Candioti y condenó a los apicultores Jesús Magallanes, a su hermano Oscar Magallanes y a Miguel Morales por estrago doloso. Los dos primeros recibieron una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que Morales también deberá purgar prisión efectiva, aunque por un plazo de 3 años y 2 meses.
Los hechos por los que se condenó a las tres personas se dieron el 23 de agosto del 2022, en las islas Lechiguanas del departamento entrerriano de Gualeguay, donde se quemaron unas 6 mil hectáreas. En su defensa, los acusados manifestaron ser inocentes y explicaron que su accionar fue para hacer un contrafuego para proteger las colmenas del avance de un incendio que se desarrollaba en ese momento en el área.
Probation denegada
El juicio tuvo lugar en Victoria durante mayo y junio, y esta semana se conoció la sentencia. En ese lapso, más de 15 testigos, incluidos especialistas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), declararon sobre el incendio que particularmente se desató en la zona mencionada y aportaron material probatorio.
El fiscal Candioti calificó el accionar de los apicultores como ilegal y temerario, ya que intentaron un contrafuego sin autorización y violaron las normativas ambientales vigentes.
Antes de iniciar el juicio, los abogados defensores solicitaron la probation, pero el Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó esta alternativa, argumentando que el caso debía resolverse en juicio debido a la importancia del daño ambiental. La jueza Berros, en su resolución, consideró que la cuestión debía ser resuelta a través del debate oral y público.
Este proceso se suma a otro juicio realizado en noviembre de 2023, que también resultó en condenas por incendios similares en islas que se encuentran frente a Villa Constitución.
Diversos sectores ambientalistas cuestionaron en su momento el procesamiento de los apicultores y pidieron ir más allá en las investigaciones.
Actualmente, dos causas contra más de 40 propietarios de campos en las islas, una en el fuero civil y otra en el fuero penal, se encuentran en un limbo jurídico. En la primera, el juez federal de Victoria, Federico Martín, se declaró incompetente y envío la causa a la Corte Suprema de la Nación, en una resolución muy criticada por los abogados que llevan adelante la demanda, quienes denunciaron que se trata de una medida dilatoria.
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En la causa penal, el mismo juez sobreseyó a 43 imputados. El fiscal federal de Rosario, Claudio Kishimoto, apeló la medida con el argumento de que los sobreseídos tienen algún grado de responsabilidad debido a la reiterada cantidad de quemas que se dieron sobre sus tierras sin que ellos hiciera nada al respecto para contrarrestar la situación.