El Gobierno nacional envió al Congreso el lunes por la noche el proyecto para modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639) durante el período de sesiones extraordinarias, . En un comunicado difundido por la Oficina de la Presidencia, el Ejecutivo aseguró que la norma sancionada en 2010 presenta “graves falencias” y que, “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”.
La iniciativa busca, según el Gobierno, “ordenar el marco normativo vigente”, terminar con “interpretaciones arbitrarias” y consolidar un supuesto “federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”, el mismo argumento que usó Cristina Fernández de Kirchner para vetar la ley en 2008.
Pero más allá del intento de querer compatibilizar desarrollo y ambiente, aspecto en el que coincide con peronistas que comparten el consenso extractivista, en los hechos se trata de una reforma regresiva que debilita las herramientas de protección del agua para garantizar inversiones millonarias en minería y otros proyectos extractivos.
La Ley de Glaciares sancionada en 2010 no fue el resultado de discusiones de escritorio sino de años de lucha, movilización y construcción colectiva contra el lobby minero. Fue gracias a la coordinación y pelea desde los territorios que se logró instalar en la agenda pública la defensa de los glaciares y el agua como bien natural vital. Tras el veto presidencial a una primera versión en 2008 —celebrado por Barrick Gold—, la lucha fue clave para que finalmente se aprobara una ley que estableció presupuestos mínimos de protección ambiental a nivel nacional, reconociendo el carácter estratégico de los glaciares y el ambiente periglacial para la vida y las generaciones futuras.
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Frente a este nuevo intento de avanzar sobre los bienes comunes, ya se puso en pie una Campaña plurinacional en defensa de los glaciares y del agua. Desde distintos territorios advierten que la reforma impulsada por el Gobierno no es una corrección técnica, sino un ataque directo a una de las pocas herramientas legales que existen para frenar el avance del extractivismo en zonas de alta fragilidad ambiental.
Las organizaciones socioambientales ya expresaron su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares y alertaron sobre sus consecuencias irreversibles. Señalan que transferir aún más poder a los gobiernos provinciales, debilitar el Inventario Nacional y relativizar las prohibiciones a la megaminería equivale a dejar el cuidado del agua en manos de quienes promueven los proyectos que la ponen en riesgo.
Cuadro de modificaciones de cada artículo
Cambiar el objetivo de la ley para vaciarla por dentro
El primer artículo del proyecto modifica el objetivo central de la Ley de Glaciares. Si bien mantiene formalmente la preservación de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos, introduce una diferencia clave: esa protección debe interpretarse de manera “compatible” con el artículo 41 de la Constitución y con el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales (artículo 124).
Desde el oficialismo celebran este cambio como un equilibrio entre ambiente y desarrollo humano. Pero en realidad, se trata de una puerta abierta para subordinar la protección ambiental a los intereses productivos definidos por los gobiernos provinciales, muchos de ellos directamente asociados a las grandes mineras. De esta manera, la ley que se supone que debe establecer presupuestos mínimos en todo el territorio, abona la fragmentación dando poder a los gobernadores para que modifiquen, en los hechos, el alcance de la misma.
Un inventario recortado y principio precautorio al revés
El tercer artículo con su modificación y agregado bis, limita el alcance del Inventario Nacional de Glaciares, señalando a aquellos glaciares y geoformas periglaciales que cumplan “funciones hídricas estratégicas” en vez de reservas hídricas existente. Una sutileza en la definición pero que implica que si la autoridad provincial establece que un glaciar ya no cumple alguna de esas funciones entonces deja de ser alcanzado por la ley.
Esto implica un retroceso evidente porque reduce el universo de protección y debilita una de las principales herramientas que permitió frenar proyectos mineros contaminantes en zonas sensibles. Lo que hasta ahora era una protección preventiva se convierte en una carrera para demostrar que una geoforma “no sirve” con un criterio productivista que transforma al principio precautorio en su contrario.
El artículo 5° refuerza el control de las provincias sobre la identificación y actualización de los glaciares y ambientes periglaciales, habilitándolas a informar tanto la existencia de nuevos glaciares como la supuesta pérdida de funciones hídricas de los ya inventariados. En este esquema se omite el rol del IANIGLA, organismo científico especializado que hasta ahora cumplía esa tarea, reemplazando criterios técnicos independientes por decisiones políticas de gobiernos provinciales que en general son los principales promotores de la megaminería.
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Minería “prohibida”, pero evaluada caso por caso
El artículo 6° mantiene formalmente la prohibición de actividades como la minería y los hidrocarburos en glaciares y ambientes periglaciales con función hídrica «comprobada» pero nuevamente hay un cambio decisivo al introducir el concepto de “alteración relevante”, que queda en manos de la evaluación de impacto ambiental realizada por cada provincia. Es decir que se podrían habilitar actividades que modifican a los glaciares cuando dicha modificación no resulte «relevante».
El artículo 7° lo deja claro porque se borran las palabras «actividades prohibidas» y todas las actividades están alcanzadas por el análisis de impacto ambiental. Se reemplaza así una prohibición clara por un análisis técnico caso por caso, en jurisdicciones donde los gobiernos son juez y parte, promotores activos del extractivismo y socios políticos de las empresas.
A pedido de Cornejo que enfrenta fuertes movilizaciones en Mendoza
Esta reforma no cae del cielo. Responde directamente a los reclamos de las provincias de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan) como estipula el propio Mensaje de la reforma. Y no es casual que el proyecto avance mientras Mendoza vive una fuerte movilización contra la aprobación del informe de impacto ambiental del proyecto minero San Jorge, impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y resistido masivamente por poner en riesgo el agua.
El comunicado oficial no menciona a las provincias patagónicas, donde se concentran los principales glaciares del país, pero en estas regiones hay interés por el uranio y tierras raras. El objetivo está claro, quieren destrabar proyectos mineros estratégicos para el capital internacional, en un contexto de alineamiento total con Estados Unidos y las necesidades de las grandes potencias que aumentan su competencia. El cuento del cobre para la transición energética se cae frente a un mundo que se prepara para más guerras.
No hay manera de compatibilizar ambiente y producción sin discutir qué se extrae y qué se produce, quién lo hace y quién se beneficia, con qué fines y bajo qué esquema de desarrollo. La única manera de discutir una minería que no contamine ni destruye nuestros glaciares es discutir integralmente la producción y planificar desde abajo en función de las necesidades sociales y desde los territorios cómo queremos producir.
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No es desarrollo, es saqueo
El Gobierno sostiene que la reforma cumple con el principio de no regresión ambiental. Es mentira. Todo el paquete de reformas es regresivo y no es casual que la reforma laboral se discuta a la par de profundizar los extractivismos. La megaminería impide otras actividades regionales, contamina las fuentes de agua y abona la precarización del trabajo. Lo mismo sucedió con el agronegocio y el desplazamiento de los campesinos, la destrucción de puestos de trabajo, la informalidad y bajos salarios en un sector con ganancias extraordinarias.
Con la Ley Bases y el RIGI, el Congreso ya habilitó el saqueo de nuestros bienes naturales. Ahora van por la Ley de Glaciares para que un puñado de mineras se lleve todo. Gobernadores de todos los colores políticos acompañan este rumbo, da igual el partido, lo único que importa son los dólares. Dólares que no quedan en el país, sino que se van para pagar una deuda ilegítima.
Enfrentar el plan de entrega
La modificación de la Ley de Glaciares forma parte de un mismo paquete de reformas que incluye el ataque a los derechos laborales y el ajuste brutal contra las mayorías. Es un plan integral de entrega y recolonización.
Por eso, este 18 de diciembre se prepara una jornada de lucha en la que el sindicalismo combativo y los movimientos socioambientales participarán de manera independiente. Las conducciones de las centrales sindicales no están a la altura del ataque, el peronismo le vota leyes y le regala diputados y senadores, es cómplice por acción u omisión. Pero para enfrentar este rumbo necesitamos un plan de lucha serio, construir una huelga general desde abajo en cada lugar de trabajo y estudio, en cada barrio y territorio. Solo organizadas y organizados desde abajo podemos imponer la resistencia contra Milei y los gobernadores.
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