Javier Milei decidió postergar una actualización de la canasta de bienes y servicios utilizados para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La inflación, aunque se desaceleró desde las cifras astronómicas de finales del Gobierno de Alberto Fernández y la disparada que experimentó con la devaluación de diciembre de 2023 que aplicaron Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, registra una aceleración desde el mínimo alcanzado en mayo de 2025. El intento de maquillar la realidad por parte del Poder Ejecutivo también tiene lugar en momentos en que la actividad económica presenta un aterrizaje, por ahora suave, producto del ajuste en curso.
El próximo martes 10 de febrero se debía publicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una actualización metodológica: se procedería al reemplazo de una canasta de bienes y servicios que surgió de una encuesta de hace veinte años (ENGHo 2004/05).
El 14 de octubre de 2025, en su habitual reporte mensual de inflación, el INDEC comunicó que “de acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que guían al INDEC, se informa que la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026”.
El presidente Javier Milei, según confesó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, fue quien decidió que no se actualice la canasta. El escándalo político es mayúsculo. La decisión provocó la salida del director del INDEC, Marco Lavagna.
Las trabajadoras y trabajadores que denunciaron con fuerza la intervención de Guillermo Moreno y las patotas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) durante los gobiernos kirchneristas, reaccionaron rápidamente: la organización gremial ATE INDEC publicó un comunicado con “su más enérgico rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la actualización de las ponderaciones” y con la exigencia de “la publicación inmediata del IPC” con la metodología actualizada.
Es cierto que se puede establecer una distinción con los métodos de manipulación estadística con hostigamiento de patotas de Guillermo Moreno y una intromisión política para evitar la actualización de la canasta, pero el objetivo último de los gobiernos es similar: disimular la inflación para licuar los ingresos de la clase trabajadora, la que está en actividad y la que está jubilada.
El INDEC, además, está afectado por la política mileista de desarticular organismos públicos con capacidades técnicas, profesionales y científicas. El organismo cuenta con aproximadamente 1.160 trabajadores, de los cuales solo cerca del 40 % pertenecen a la planta permanente mientras existe otro 6o % de la planta que trabaja con contratos bajo diversas modalidades, tales como monotributistas y lo que en el empleo público se denomina artículo 48. No solo eso: quienes defienden con valentía la elaboración de estadísticas adecuadas a la realidad, enfrentan la licuación de poder de compra con una escala salarial que empieza en niveles de indigencia.
El ministro Caputo afirmó que el gobierno buscará implementar una actualización cuando el proceso de desinflación esté consolidado. Es un argumento ridículo por donde se lo mire. Por un lado, la inflación, aunque se desaceleró desde las cifras astronómicas de finales del Gobierno de Alberto Fernández y la disparada que experimentó con la devaluación de diciembre de 2023 que aplicaron Javier Milei y Luis “Toto” Caputo, registra una aceleración desde el mínimo alcanzado en mayo de 2025. Por otro lado, cualquier metodología captaría la desinflación en el caso de existir. Por último, buscar medir la inflación con una metodología más adecuada a la realidad recién cuando la variación de precios se desacelere carece de sentido útil.
Caputo también confesó que el resultado del IPC no cambia mucho al comparar las cifras de la vieja y la nueva canasta. Si bien esto puede ser circunstancialmente cierto, no lo es para períodos donde se aplican tarifazos en los servicios públicos, como se detallará más adelante.
Joaquín Cottani, el exviceministro de Economía hasta mediados de 2024 (es decir, fue el segundo de Luis Caputo), afirmó que “la idea era que el nuevo índice de inflación saliera en 2024″. Es decir, que ya existió una primera postergación decidida hace más de un año y medio. El renunciado Marco Lavagna no quiso, no pudo o no lo dejaron actualizar la canasta de gasto de los hogares. De este modo, por un largo período, terminó avalando que no se conozcan datos de inflación que se aproximen más a la realidad.
Incluso, el Banco Central, conducido por Santiago Bausili, un amigo de Caputo, a fines de 2025 había anunciado la salida del nuevo índice. El FMI también habló en sus reportes de la implementación de la nueva metodología. Finalmente, el gobierno tomó una decisión en el sentido contrario.
¿Por qué Javier Milei decidió una intromisión política en las estadísticas? La razón es sencilla. La nueva canasta de bienes y servicios pondera con mayor relevancia los servicios, en particular los servicios públicos, conforme parámetros más actuales del consumo de los hogares.
Con una canasta de bienes y servicios desactualizada se evita dar cuenta plenamente de los tarifazos en los servicios de electricidad, agua, gas y transporte, que impactaron principalmente durante el primer año de Milei, aunque siguieron luego y el gobierno planea volver a aplicar con fuerza durante este año.
La Junta Interna de ATE INDEC afirmó que “Las canastas deben reflejar los consumos reales de la población. Postergar o frenar esa actualización implica medir la inflación con parámetros desactualizados, afectando la calidad del indicador y la confianza pública.”
El ministro Caputo señaló que la decisión se vincula a sostener la comparabilidad de los datos. Es un argumento que también que carece de seriedad. Fue desmentido por la Junta Interna de ATE INDEC, que en un comunicado señala que la “comparabilidad se puede garantizar sencillamente expandiendo la serie con los nuevos ponderadores hacia el pasado o incluso publicando ambas metodologías en paralelo. Lo único que se logra con esta medida es debilitar la confiabilidad del instituto y sus publicaciones, utilizando patrones de consumo desactualizados para esconder el costo real del ajuste”.
¿Qué consecuencias tiene la no actualización?
La canasta que se utiliza para la medición del IPC, como se dijo, se basa en una encuesta de los años 2004/2005. Cuando se relanzó el IPC luego de la intervención kirchnerista, los ponderadores se actualizaron no en base a la realización de una nueva encuesta, sino de manera “híbrida”, según detalla el organismo estadístico en la Metodología del Índice de precios del consumidor: “cantidades del período de referencia de las encuestas de gasto de los hogares y precios medios del período base del índice”. De este modo, las ponderaciones de diciembre de 2016 para el Gran Buenos Aires resultaron las que se detallan en el siguiente gráfico [1].
Como se observa en el gráfico, la ponderación de la división “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” es del 10,5 % del total. Esa división es la que está potencialmente menos actualizada producto de los tarifazos en los servicios públicos que tuvieron lugar en los últimos diez años, primero en el Gobierno de Mauricio Macri, y más recientemente en el de Javier Milei.
El IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pondera con un 17,4 % la división “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”. Aunque para el INDEC el Gran Buenos Aires abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires, es decir un área más amplia que la CABA, la comparación permite una aproximación (parcial) de la subestimación de una división cuyo aumento de precios fue central en el deterioro del poder de compra de la clase trabajadora de la última década.
Para tener una idea más cercana al impacto de la subestimación es importante observar la variación de los precios de las distintas divisiones durante el gobierno de Javier Milei. A continuación, se presenta la variación de precios por divisiones en el período que va desde diciembre de 2023 a diciembre de 2025.
En este período, el nivel general de precios (el IPC) del INDEC exhibió un alza del 186 % mientras que la división “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” aumentó un 393 %. Es decir, estos servicios verificaron un alza de más del doble que el IPC nivel general, el cual capto deficientemente el aumento de estos servicios por falta de actualización de la canasta de consumo. La consultora LCG estimo que la inflación de 186 % estimada por INDEC en los dos primeros años de Milei en el gobierno hubiera ascendido al 200 % con la actualización de la canasta. Otro cálculo de Equilibra (relevado por Chequeado) ubica el aumento de precios acumulado en lo que va de la gestión de Milei en 194,8%.
¿Cómo afecta la medida de Milei a los que menos tienen? La falta de actualización de la canasta implicó un robo para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras partidas presupuestarias que percibieron aumentos menores a los que corresponderían con una canasta que refleje mejor la inflación.
El haber mínimo, que perciben 2 de cada 3 jubilados, perdió 8 puntos de poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, acumulando una pérdida de 36% respecto a noviembre de 2015. Durante el gobierno de Milei esos 8 puntos de pérdida se ampliarían con un índice inflacionario que refleje más fielmente la realidad.
El impacto también alcanza a la medición de la pérdida del poder de compra del salario. Como se puede observar en el gráfico de aquí abajo, si se estima el retroceso del poder de compra del salario del sector privado registrado con la variación del nivel general del IPC la pérdida es del 1,2 % en el período que abarca desde noviembre de 2023 y noviembre de 2025, pero si la estimación se efectúa con el índice de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” el poder de compra del salario es del 36,4%. Otro tanto ocurre con el salario del sector público registrado: perdió un 15,5 % con relación al nivel general del IPC y un 45,6 % con relación el índice de “vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”.
Claro que la hipótesis de estimar el retroceso del poder de compra del salario solo contra estos gastos implica un extremo irreal donde los asalariados solo consumen estos servicios. Pero el ejercicio es válido para graficar el efecto de la falta de actualización de la ponderación de esta división de los gastos de los hogares en la canasta de consumo. En síntesis, la pérdida del poder de compra seguro fue menos que el 36,4 % en el sector privado y menos que el 45,6 % en el sector público, pero también seguro fue mayor que la que se puede estimar con el IPC sin actualización de la canasta.
Adecuar la realidad al relato
La escandalosa decisión de Milei de no implementar en el “último minuto” la nueva canasta es una expresión de las contradicciones del “modelo” económico: una inflación que no termina de domar y una economía que aterriza con perspectiva de recesión.
Ya el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, había roto un convenio con el INDEC que permitía informar el movimiento internacional del turismo. La decisión tiene el claro objetivo de disimular la sangría de divisas en este rubro. Por otro lado, la no actualización metodológica del IPC puede implicar potencialmente hacia adelante una menor actualización de las bandas cambiarias según el nuevo esquema establecido por el equipo económico. La decisión tomada con el IPC también puede tener otras derivaciones en la (des)apropiada medición de la variación de la actividad económica, de los resultados fiscales, entre otras consecuencias.
El econochanta de Milei mete la mano en el INDEC y vuelve a actualizar la discusión sobre la necesidad de un organismo totalmente independiente de los gobiernos. Está claro que la independencia solo puede garantizarse con un INDEC en manos de los propios trabajadores y técnicos, apoyados por un cuerpo de especialistas de las universidades y otros usuarios interesados en que las estadísticas no estén por detrás de la realidad.
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NOTAS AL PIE
[1] Se muestran aquí las del GBA para establecer una comparación con lo que surge del Índice de Precios del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. El IPC en el desagregado de otras regiones también exhibe la misma desactualización de las canastas.
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.